Existen valoraciones legales en nuestro país, asentadas básicamente en la Ley 26522, que aun con cercenamientos provocados por el decreto 267/2015 (veloz intromisión del macrismo apenas asumido) tienen vigencia en la mayoría de su articulado y estas disposiciones regulatorias son afines al pensamiento más moderno y democrático del mundo de las comunicaciones.