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2019

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Avanza a juicio por jurados una causa por abuso sexual agravado PDF Imprimir E-Mail
lunes, 02 de diciembre de 2019
Image Un jurado popular de la provincia, deberá determinar la culpabilidad o no, de un hombre acusado de abuso sexual simple, abuso sexual agravado y amenazas cometidos en contra de su nieta, de acuerdo a lo determinado en la audiencia de control de acusación en función de la fecha de sucedido el hecho y la calificación legal contemplada, cuya acusación sostiene el fiscal Martín Govetto.

Según la acusación el hombre habría llevado a cabo dos hechos, el primero de ellos ocurrido entre los meses de julio y agosto de 2018, en el interior de la vivienda familiar, cuando en varias ocasiones abusó de nieta. En tanto que el otro habría sucedido durante el mes de junio de este año, al momento de amenazar a la madre de la niña, por denunciar los mismos.

El fiscal Govetto describió los diferentes elementos de prueba que conforman parte del legajo. Entre los trece testimonios ofrecidos por la fiscalía se cuentan los profesionales que contuvieron a la niña, del Cuerpo Médico Forense, familiares de la víctima, psicólogos, David Baffoni responsable de la OITEL y diversa documental.

El defensor particular del acusado ofreció material probatorio acorde a sus intereses procesales y a su teoría del caso.

El Juez de Juicio Héctor Leguizamon Pondal, quien presidió esta audiencia y hará lo propio al momento del debate; por la pretensión punitiva superior a los doce años ordenó a la Oficina Judicial la conformación de un Jurado Popular de 12 miembros titulares. Dió finalmente por admitida la evidencia presentada por las partes para juzgar al hombre por el delito de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo y reiterados y amenazas simples, por el que responderá a título de autor de conformidad con los artículos 45, 119 tercer párrafo inciso b y 149 bis del Código Penal.

Hizo lugar además el magistrado a la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva por el riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación hasta la finalización del debate, a fines de asegurar el debido proceso. Consideró para ello la perspectiva de género y el deber del estado en la protección integral de las mujeres víctimas.

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