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¿de jure GUERRA de facto? GUERRA III PDF Imprimir E-Mail
viernes, 30 de agosto de 2013

Como les ocurre a tantas palabras, la inocencia, por ejemplo, o las libertades, por dar otro ejemplo, una cosa es ser inocente de hecho, y otra es serlo de derecho. Siendo Al Capone culpable de facto de numerosísimos crímenes, nunca pudo ser condenado por ellos, porque nunca se pudo llegar a probar su culpabilidad jurídicamente (es decir sin saltarse las estrictas reglas de juego de las garantías procesales, que para eso pagaba a los mejores juristas de América); por lo que una y otra vez los tribunales se veían obligados a declararle "no culpable", es decir "inocente" de jure. De la misma manera en Cataluña de jure hay libertad de recibir en la escuela enseñanza en cualquiera de las dos lenguas oficiales, pero de facto no existe esa libertad, porque desde el poder político se ponen todas las trabas para que sólo desde una heroicidad suprema pueda ejercerse ese derecho.

Con la guerra pasa lo mismo: España (por entrar sólo en la legalidad que conozco y me compete) está de facto en guerra contra Servia, pero de jure no existe tal guerra. Lo que está haciendo España en Servia no se puede llamar guerra en términos jurídicos, porque no lo es. Entonces, ¿qué es eso? ¿En qué artículo de nuestra Constitución está escrito que según como sea el asunto, y sobre todo si es por razones humanitarias, el ejército español puede ir con sus B-52 cargaditos de bombones y soltarlos donde haga falta, sin haber declarado antes la guerra de forma reglamentaria? Pues no lo dice en ningún sitio. La palabra guerra aparece en la Constitución sólo tres veces: la primera en el artículo 15, en relación con el derecho a la vida, que reza: "Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra." En el art. 63.3 (Título II), dice: "Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz." Y el último artículo de la Constitución, el 169, dice: No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116." (son los de alarma, de excepción y de sitio). Por tanto, no diciendo nada la Constitución acerca de la guerra, dice que es el Rey quien tiene que declararla, previa "autorización" de las Cortes Generales; de lo que se infiere a la pata la llana, que la iniciativa ha de partir de él, que para eso corresponde al Rey h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas. (art. 62), y que sólo podrá declararla si cuenta con la autorización de las Cortes.

Estando claro que de eso no ha habido nada de nada, sólo falta volver a rastrear la Constitución mirando de encontrar alguna señal aunque sea de humo, de que el presidente del gobierno puede mandar al ejército a bombardear a quien sea, eso sí, mientras tenga buenos motivos para hacerlo y mientras se presente de vez en cuando al Parlamento a dar explicaciones, y nada más que explicaciones de cómo le va la aventura. Pues tampoco hay nada "especial" para ese caso, con lo que habrá que deducir que corresponde aplicar la legislación ordinaria. Sí que le corresponde, además, pedir autorización a las Cortes para los gastos extra.

Mariano Arnal
www.elalmanaque.com

 
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