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El juez Martín Lozada resolvió la clausura de un calabozo de la Comisaría 28 PDF Imprimir E-Mail
lunes, 22 de diciembre de 2008

Así fue resuelto tras verificar que dichocalabozo incumple de modo absoluto las condiciones mínimas dehabitabilidad. En palabras del magistrado, el control deconstitucionalidad sobre los sitios de detención y demora de personas esuna facultad indelegable en cabeza de los jueces, quienes deben velar paraevitar que se transformen en centros de humillación, mortificación y torturas solapadas.

La orden del Juez Lozada se produjo en el marco de un hábeas corpuscentrado en las condiciones presentadas por la celda en cuestión. Tras suinspección el pasado día 9 de diciembre, junto a la Secretaria JudicialRomina Martini y el Fiscal Guillermo Lista, verificó que el recinto poseeuna dimensión de cuatro metros cuadrados, una ventana sin vidrio, quecarece de luz eléctrica, de calefacción, así como de una tarima sobre lacual sentarse.El calabozo también carece de un minguitorio o inodoro en el cual orinar.Por tal motivo, los allí detenidos se encuentran obligados a hacerlo en unorificio ubicado sobre el mismo suelo en el cual se sientan. Las consideraciones de orden constitucionalSegún el magistrado, “… el poder de policía emanado de los códigos odigestos contravencionales no puede desconocer ninguno de los principios alos que debe atenerse el ejercicio del poder punitivo conforme laConstitución Nacional y al derecho internacional de los derechos humanos”. “De modo que la demora o la detención que transcurre en el interior de uncalabozo de comisaría debe preservar cierto núcleo fundamental,irreductible e insoslayable, referido a las condiciones dignas dealojamiento. Esto es, concretamente, que dicha demora o detención no puederesultar mortificante, vejatoria o humillante para la persona que la experimenta”.

“Las características y el estado que presenta el calabozo que aquí nosatañe de ningún modo permite considerar cumplimentada esa exigencia delEstado de derecho. Muy por el contrario. Sus cualidades hacen de ella unsitio destinado al mero depósito de personas, en situación de degradacióny elocuente violencia física y moral”. “¿Puede acaso considerarse de otro modo la permanencia de personas en unreciento cerrado de 4 metros cuadrados, sin asientos, con una ventana sinvidrio, poblado de basura y con un fuerte olor a orina, dentro del cual,entre otros hitos de humillación, deben los allí alojados dormir en elpiso y orinar en un orificio existente en el piso?” “La respuesta, tal cual lo intuimos, resulta de una obviedad manifiesta.Dicho calabozo incumple cualquier estandar de dignidad que quierautilizarse a modo de baremo, deslegitimando la pretensión punitiva delEstado y obstaculizando el respeto de derechos fundamentales que no puedenquedar a merced de la discrecionalidad de la autoridad de turno”.

“Como ya lo he señalado en otras ocasiones, las dificultades que afectan alos establecimientos de detención o demora de personas, producto de susuperpoblación y de sus escasos espacios disponibles, no pueden resultarexcusas para consumar afectaciones como la que aquí se ha venidoexaminando. Para su remedio, en cambio, deberán articularse los mecanismosadministrativos que correspondan, que exceden a este Poder Judicial, paraestablecer condiciones dignas de detención o demora. Pero nunca, en ningúncaso, podrá resolverse en contra de los derechos que, pese a larestricción ambulatoria transitoria que padecen, continúan siendotitulares las personas que allí resultan alojadas”.

Las normas en juego

La orden del magistrado encuentra fundamento normativo en los artículos 18y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; el artículo 43 de laConstitución Provincial; el artículo 25 de la Declaración Americana de losDerechos y Deberes del Hombre; el artículo 10 del pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos. Asimismo, en lo emanado del artículo 5 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos; los Principios Básicos para el Tratamiento de losReclusos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día14 de diciembre de 1990; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de losReclusos adoptadas por el I.L.A.N.U.D.; las leyes nacionales 23.098 y24.660; así como la ley provincial 3.368. 

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