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2019

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Marks sobre el aumento del boleto: "Gennuso fue elegido para defender a los vecinos, no a la empresa PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 09 de octubre de 2019
Image Se cumplió este martes con el segundo tramo de la Audiencia Pública para tratar el nuevo cuadro tarifario del Transporte Público de Pasajeros requerido por la empresa MiBus que, en la práctica, implica un aumento del 60,5% de aumento sobre el boleto mínimo que pasaría de 27 a 43,33 pesos.

Esta segunda convocatoria es la continuación de la realizada el 1 de octubre, y consecuencia del amparo colectivo que los vecinos debieron presentar ante la Justicia reclamando al Ejecutivo municipal un horario accesible para este tipo de audiencias, que garantizara la participación del público y los expositores, de acuerdo a lo establecido por ordenanza.

La empresa MiBus - tal como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones- no envió representantes a la audiencia, evitando una vez más el contacto con los usuarios del transporte público que a sala llena y con casi una veintena de oradores se pronunció por el rechazo unánime al incremento del boleto.

La ausencia de documentación técnica que justifique el aumento solicitado por MiBus que además, según se denunció, no contiene ninguna firma que la avale, la falta de dictamen de la Comisión de Seguimiento del Transporte Público, conforme lo establece el contrato para la revisión anual de la tarifa, y el impacto de los sucesivos aumentos -alcanzarían un acumulado del 512,5% autorizado durante la gestión del intendente Gustavo Gennuso- que ya han dejado a pie a unas 12 mil personas, según estimaron desde la Multisectorial por el Transporte Público en la ciudad, fueron los principales argumentos del rechazo.

El martes pasado, durante el primer tramo de la audiencia, Mi Bus presentó sus argumentos explicando las razones para un nuevo aumento. Gráficos, proyecciones y todo otro material mencionado nunca fueron puestos a disposición del público. Una práctica también habitual de parte de la concesionaria.

La empresa insiste en la idea del golpe a sus finanzas que provocó la caída de subsidios nacionales al transporte, la disparada inflacionaria, y el número decreciente de pasajeros en el transporte urbano de pasajeros. Considera además insuficiente el aporte mensual no reintegrable que recibe de la Municipalidad, y que ya suma en lo que va del año 44 millones de pesos, a los que se agregan 7,1 millones que aporta mensualmente la provincia y otros 3 millones, también mensuales, que gira el gobierno nacional.

"Durante la gestión Gennuso los aumentos en el precio del boleto rondaron el 337 %”, señaló la concejal Ana Marks, y advirtió que “de aprobarse el nuevo incremento solicitado por la empresa Mi Bus, llegaríamos a un acumulado del 512,50 % mientras que en términos nominales el salario mínimo vital y móvil durante el gobierno de Mauricio Macri aumentó solo un 123 %”.

“Si a esto le sumamos los aumentos en los servicios y los precios en los alimentos es más que evidente que la gente ya no puede hacer frente al costo de vida”, continuó la concejal, “la misma empresa lo reconoce al advertir que perdió 12.000 pasajes. Claramente se ve que nuestros vecinos no pueden seguir pagando el boleto al precio que la empresa pretende; son miles de personas que han debido buscar un medio de transporte alternativo, quienes pueden hacerlo, a otros simplemente esta empresa y esta gestión municipal los han dejado a pie. La única respuesta no puede ser seguir aumentando el boleto, cuyo valor es ya desproporcionado".

Las exposiciones en audiencia pública no son vinculantes y si se revisa en términos históricos en ningún caso la expresión de rechazo de los vecinos ha logrado detener un incremento o modificar la decisión ya tomada del ejecutivo. En este sentido, alguno de los oradores retomó la discusión sobre la necesidad de que los usuarios estén representados en la Comisión de Seguimiento del Transporte Público.

Oportunamente la concejal Ana Marks junto a la Multisectorial del Transporte Público había presentado un proyecto en esa línea. El mismo fue rechazado de plano por el oficialismo. "Este es un gobierno que no entiende de derechos. Si no reconocen la emergencia alimentaria en la ciudad menos se puede esperar que comprendan que el transporte público también es un derecho y que el Estado tiene obligación de garantizar".

"Todo esto ocurre y es absoluta responsabilidad del Intendente desde el momento en el que firmó un contrato con la empresa donde le garantiza sostener una rentabilidad de 20 %. Esto sumado a la decisión del gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte y la complicidad de la Comisión de Seguimiento del Transporte generaron un combo que provocó que 12000 personas no puedan acceder al transporte público. El ejecutivo equivoca su rol. No fue elegido para defender a las empresas sino a los vecinos y para garantizar el derecho al transporte público tal cual exige nuestra carta orgánica", finalizó.

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