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21
2018

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CTEP exige que no se criminalice a los vecinos sin conexión formal de electricidda PDF Imprimir E-Mail
martes, 11 de septiembre de 2018
Image A propósito del plan de regularización de conexiones eléctricas

#INTEGRACIONURBANA YA !!!

👉 Basta de criminalizar a los vecinos que no tienen electricidad regularizada

👉 Sólo 3 barrios contarán con tarifa social

👉Exigimos que el Municipio tenga la misma predisposición para trabajar en una mesa de integración urbana que incluya al ReNaBap y el Certificado Familiar.

A GARANTIZAR DERECHOS! BASTA DE AMENAZAS!

Días pasados se conoció a través de los medios de comunicación acerca de la implementación de un supuesto plan de regularización de conexiones eléctricas en ciertos barrios de nuestra ciudad. Si bien no es la primera vez que el Estado municipal encara esta problemática, lo novedoso en este caso es que se llevará a cabo con la colaboración del Ministerio Público Fiscal, que es el organismo encargado de investigar hechos ilícitos.

Queremos advertir al Sr. Intendente municipal, que tal como esta planteada, esta medida choca con el derecho humano a una vivienda adecuada y pareciera orientarse a atender demandas ajenas, en lugar de resolver la problemática habitacional de fondo.

Las familias que viven en los barrios populares no son criminales. Lejos de resolver los problemas, este tipo de abordaje por parte del Estado municipal no hace sino reforzar la exclusión y los prejuicios que sobre estos barrios existen. Estigmatizándolos y ocultando las circunstancias económicas y sociales estructurales que fuerzan a esas personas a vivir de ese modo.

La gran mayoría de los millones de personas que viven en asentamientos informales en nuestro país no buscan más que vivir dignamente en una vivienda segura, con servicios de calidad, a los cuáles puedan acceder pagando tarifas razonables. El Estado municipal corta el hilo por lo más delgado- las familias con derechos vulnerados- cuando debiera ser quien asuma la responsabilidad de la existencia masiva de barrios populares informales, sea por la acción u omisión de políticas publicas.

Como contraparte de esta iniciativa, el municipio ofrece la inclusión en la tarifa social- por ahora en solo tres barrios de la ciudad-, desconociendo que dicha tarifa es completamente inadecuada para nuestra zona. El consumo bonificado por el tarifa social alcanza sólo 150 Kw/h por mes, y 50% de bonificación para los segundos 150 Kw/h por mes, cuando la mayoría de los barrios populares se calefaccionan, al menos parcialmente, con electricidad, ya que carecen de acceso a la red de gas, con consumos que superan ampliamente los 300 Kw/h por mes.

En condiciones socioeconómicas de más de 33% de pobreza, desempleo creciente y de política tarifaria dolarizada, es imposible concebir un plan de regularización de conexiones eléctricas tal como fue presentado públicamente.

A su vez queremos señalar que el ámbito institucional adecuado para crear políticas públicas de hábitat es el Concejo Social de Tierras, espacio en el que insistentemente venimos planteando la problemática del acceso a servicios y donde el gobierno municipal y el Instituto de Tierras vienen diluyendo los debates estructurales sobre la situación habitacional de la ciudad. Exigimos, entonces, conocer los alcances de la supuesta política pública a implementar. Y nos preguntamos cuales serán las acciones que intentará llevar adelante el Intendente frente a la natural “reticencia” de los vecinos, como han expresado públicamente. Advertimos que la aplicación de políticas nunca puede ser realizada de modo amenazante por parte del Estado, sino de manera conjunta con los vecinos y vecinas de la ciudad.

Exigimos la conformación de una mesa de trabajo interactoral para la integración urbana de los barrios populares de nuestra ciudad. Exigimos que las empresas prestatarias de servicios públicos reconozcan el Certificado de Vivienda Familiar creado por el Decreto Nacional 358/17, que plantea las directivas para generar procesos de integración urbana en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Sostenemos que el acceso seguro y regular a los servicios básicos es un derecho esencial que hace a la dignidad de nuestras familias y que no puede estar atado a procesos de regularización dominial que pueden demorar años en consolidarse.

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