nov
14
2019

Último momento

No prosperó amparo para que presos de Bariloche trabajen en obras públicas PDF Imprimir E-Mail
lunes, 02 de junio de 2008

Image(ADN, Bariloche)-Un amparo a favor de condenados alojados en el establecimiento penal Nº3, de San Carlos de Bariloche, que solicitaron la aplicación de la Ley Provincial Nº3228, que establece un cupo laboral en obras públicas para quienes están pronto a recuperar la libertad, fue rechazado por la Justicia rionegrina porque el requerimiento no siguió las vías formales judiciales, entre otras cosas porque no figura el apellido de quien efectuó la presentación.

La ley establece que las sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria y organismos públicos que contraten mano de obra para la ejecución de obras o servicios públicos con fondos nacionales o provinciales destinados a la promoción del empleo, deberán asignar un cupo no inferior al cinco por ciento de las personas contratadas a quienes se encuentren en la etapa de prueba del cumplimiento de una condena en unidades penitenciarias o alcaidías ubicadas en territorio provincial o hayan sido liberados por agotamiento de la pena.

En la presentación formal, un representante de los reclusos señaló que esa ley “es ignorada por la población penal condenada por los tribunales locales y jamás ningún interno gozó de los beneficios que otorga, visto que el poder político y local nunca anotició a los penados”, indicando que incluso el Patronato de Presos y Liberados local tampoco conoce de la norma.

Del escrito de presentación, la Procuración General del Poder Judicial consideró que surge claramente que el requerimiento consiste en que se ordene –según remarcó- la aplicación del contenido de la ley de referencia y se la haga conocer, debiendo dirigirse dicha orden a la autoridad de aplicación, para el caso el Instituto de Presos y Liberados del Ministerio de Gobierno.

En cuanto a la procedencia formal, se advirtió de plano que la acción “resulta manifiestamente improcedente, porque “el planteo analizado carece de los extremos indispensables para la admisibilidad de esta excepcional garantía procesal constitucional”.

Aunque se reconoció la informalidad de la cual gozan las garantías procesales específicas, se aclaró que “ello no obsta a que se cumplan elementales normas de derecho como es precisar el objeto de la acción, acreditar la calidad invocada... como así también los derechos y garantías vulneradas, a más de que deben especificarse los requisitos de urgencia, peligro inminente, perjuicio real (acreditado) y efectivamente sufrido; nada de lo cual surge fehacientemente de” la causa.

Otro extremo que impidió el progreso de la garantía procesal interpuesta, consiste en “la falta de legitimación activa, toda vez que la misma no resulta acreditada por el presentante, quien simplemente expresa en el escrito su nombre y refiere “cuyas circunstancias personales obran en el DNI 24.083.733”.

Fuentes judiciales observaron que se evidencia en la práctica que el sistema previsto por la referida ley no se habría aún implementado. Por eso, para el establecimiento de una política de Estado que atienda la reinserción en la sociedad del condenado sometido a prueba, como del liberado por agotamiento de su condena, anticiparon que se pondrá en conocimiento del STJ que se solicitará al ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, un informe pormenorizado al respecto, teniendo en consideración el tiempo que lleva sancionada la normativa. (ADN)

 

Comentarios (0)add comment

Escribir comentario
Tienes que estar logueado para escribir un comentario. Puedes registrate si no tienes ya una cuenta creada.

busy
 
< Anterior   Siguiente >

JoniJnm.es
 

Sindicación

 
View My Stats